El Estado es la más acabada estructura de poder jurídico y político de nuestra sociedad. Conceptos como “democracia” y “república” viven, se desarrollan y crecen bajo esta institución que evoluciona, pero parece que los mejores momentos de confianza de esta forma de gobierno están en transición o crisis.

La globalización y la democracia no son los conceptos sexys que se esperaba. A pesar de haber demostrado su eficiencia para generar desarrollo económico y estructurar la voluntad pública de los ciudadanos, estos conceptos son

llevados a los límites de una desconfianza global.

​Ante la primera revolución digital de nuestra sociedad y el nacimiento de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, estos conceptos vitales, forjados en Occidente, están perdiendo su valor. ¿Afectará la regulación de la tecnología digital y su capacidad para habilitar los derechos humanos en el mundo digital? Sí. La política pública y la protección de los derechos fundamentales en una sociedad digital son herramientas poderosas del Estado que pueden, o no, habilitar masivamente nuestros derechos fundamentales en el mundo digital. Si un Estado tiene claro esto, puede masificar el ejercicio de los derechos políticos de una sociedad y, con ello, habilitar el derecho a la información, de acceso a la información pública, la libertad de prensa y la opinión pública. Hablamos de una sociedad deliberadamente democrática que consolida una visión que podemos llamar Democracia Digital.

Al mismo tiempo, la habilitación de la justicia en línea tiene la oportunidad de institucionalizar el acceso al Estado de derecho y garantizar el derecho a la justicia, es decir, poder hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión.

​El mundo digital es un poderoso facilitador para fortalecer las instituciones del Estado, pero estamos en un momento de transición. Se puede observar una sociedad donde la confianza digital permite la innovación, la competitividad en el mundo digital y la creación de nuevos productos y servicios tecnológicos y, por otra parte, una sociedad donde la

desconfianza en lo digital construye regulaciones hipertróficas, masivas y complejas.También hay Estados donde no se comprende el recurso digital y sus oportunidades. Estados que carecen de política digital, hoja de ruta y tratan de destruir las instituciones regulatorias.

​Los recientes acontecimientos electorales en el mundo, particularmente Europa, donde la definición de poder político se debate entre derechas e izquierdas, comienza a ser una amenaza en el momento de debatir la regulación de la sociedad digital.La revolución industrial tuvo sus batallas fundamentales a la hora de definir, sobre todo, el futuro del trabajo. El derecho laboral contemporáneo claramente nació en este periodo. Pero el mundo digital se define por 3 territorios totalmente distintos: la regulación, la política pública y los marcos legales.

​El mundo de la regulación pasa por la protección del sistema de competencia, régimen fiscal, la protección al consumidor y el acceso a los insumos de la conectividad como las concesiones de la infraestructura digital. En el caso de la política pública, hablamos de la acción pública que garantice el ejercicio de todos los derechos fundamentales en el mundo digital. Y en materia legislativa los nuevos marcos legales para una sociedad digital. Estos marcos legales pasan por la propiedad intelectual, derechos digitales, protección de datos personales; y en el mundo geopolítico, hablamos de mercados,  servicios digitales, hasta la Inteligencia Artificial.

​En el nuevo orden político que se construye entre neopopulismos de izquierda, derecha y desconfianza en la globalización y democracia, ¿el mundo digital se verá afectado?

No tengo la menor duda.

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Passive State and Digital Regulation 

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The State is the most complete structure of legal and political power in our society. Concepts like "democracy" and "republic" live, develop, and grow under this institution that evolves, but it seems that the best moments of trust in this form of government are in transition or crisis. Globalization and democracy are not the sexy concepts that were expected. Despite having demonstrated their efficiency in generating economic development and structuring the public will of citizens, these concepts are being pushed to the limits of global distrust. In the face of the first digital revolution of our society and the birth of disruptive technologies such as Artificial Intelligence, these vital concepts, forged in the West, are losing their value. Will the regulation of digital technology and its ability to enable human rights in the digital world be affected? Yes. Public policy and the protection of fundamental rights in a digital society are powerful tools of the State that can, or not, massively enable our fundamental rights in the digital world. If a State understands this clearly, it can massify the exercise of the political rights of a society and, with it, enable the right to information, access to public information, freedom of the press, and public opinion. We are talking about a deliberately democratic society that consolidates a vision that we can call Digital Democracy. At the same time, enabling online justice has the opportunity to institutionalize access to the rule of law and guarantee the right to justice, that is, to be able to assert one's rights fairly and equitably under the law without prejudice of discrimination based on sex, race, age, or religion. The digital world is a powerful facilitator for strengthening the institutions of the State, but we are in a moment of transition. We can observe a society where digital trust allows for innovation, competitiveness in the digital world, and the creation of new technological products and services, and on the other hand, a society where distrust in the digital realm builds hyperbolic, massive, and complex regulations. There are also States that do not understand the digital resource and its opportunities. States that lack digital policy, a roadmap, and seek to destroy regulatory institutions. The recent electoral events in the world, particularly in Europe, where the definition of political power is debated between right and left, is becoming a threat when discussing the regulation of the digital society. The industrial revolution had its fundamental battles when defining, above all, the future of work. Contemporary labor law clearly emerged in this period. But the digital world is defined by three completely different territories: regulation, public policy, and legal frameworks. The world of regulation involves protecting the competition system, fiscal regime, consumer protection, and access to connectivity inputs such as digital infrastructure concessions. In the case of public policy, we refer to public action that guarantees the exercise of all fundamental rights in the digital world. And in legislative matters, new legal frameworks for a digital society. These legal frameworks involve intellectual property, digital rights, personal data protection, and in the geopolitical world, we are talking about markets, digital services, and even Artificial Intelligence. In the new political order being constructed between left-wing and right-wing neopopulisms, and distrust in globalization and democracy, will the digital world be affected? I have no doubt.

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